Se revelan las nuevas conexiones entre la opositora María Corina Machado, redes de narcotráfico internacional y la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), como parte de un plan conspirativo que comprometía la soberanía nacional.

Recientemente las autoridades venezolanas desarticularon una red criminal que operaba entre los estados Zulia y Falcón, conectando el Lago de Maracaibo (fronterizo con Colombia) con rutas marítimas del Caribe y Europa. Esta organización criminal utilizaba métodos sofisticados de contrabando, como el denominado «buche de pescado», técnica que permitía ocultar narcóticos en vísceras de peces y crustáceos, burlando sistemáticamente los controles marítimos.

Un reciente artículo destaca que el patrón sistemático de la extrema derecha transnacional utiliza la narrativa del narcotráfico para desacreditar al gobierno venezolano. Paradójicamente, estas mismas corrientes políticas de la región tejen alianzas estratégicas con actores directamente vinculados a esta actividad criminal.

La red criminal y sus conexiones políticas

El empresario camaronero José Enrique Rincón es la figura central en esta investigación. El grupo LAMAR, de su propiedad, se consolidó como el mayor y único exportador de camarones de Venezuela hacia países de la Unión Europea, lo que le otorgó un posicionamiento estratégico en el comercio internacional.

Rincón experimentó un crecimiento exponencial, pasando de producir 3.000 toneladas en 2018 a más de 100.000 toneladas anuales en 2024, capturando el 80% del mercado nacional y generando ingresos superiores a 200 millones de dólares.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló que Rincón y sus hijos, quienes utilizaban esta industria como fachada para el tráfico de drogas, mantienen vínculos con figuras de la oposición de la derecha extrema venezolana, incluyendo a Iván Simonovis, María Corina Machado, Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa.

Destacó el ministro venezolano que «la referida operación estaba destinada a impedir la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero»

El historial político de Rincón revela que fue dirigente del partido Primero Justicia (fundado por Julio Borges) en el estado Miranda desde 2003 y ocupó el cargo de director general de la Alcaldía del Municipio Sucre durante la primera gestión de Carlos Ocariz, entre 2009 y 2014.

Tras el desmantelamiento de estas redes por parte del Estado venezolano, el actual presidente de la junta directiva del Grupo LAMAR, huyó a España, en un movimiento que coincide con su participación en el plan conspirativo conocido como «No a la Navidad», que incluía el sabotaje a instalaciones estratégicas. En el país europeo, además, se han identificado sus conexiones con actores políticos, religiosos y exmilitares vinculados a conspiraciones recientes contra el gobierno venezolano.

El mismo presidente Nicolás Maduro señaló directamente a Rincón como líder de estas redes de tráfico de drogas, operando bajo la fachada de exportaciones acuícolas. De acuerdo a las investigaciones, Rincón financió actividades políticas de María Corina Machado a cambio de impunidad y apoyo logístico para su proyección delictiva.

Conexiones internacionales para la conspiración

El analista Vincenzo Caruso sostiene que estas operaciones forman parte de un pacto que incluyen la entrega de rutas estratégicas de narcotráfico a la DEA a cambio de respaldo internacional para la oposición extremista venezolana «en su búsqueda desesperada por alcanzar el poder».

Las investigaciones evidencian las reuniones entre Machado y grupos del narcotráfico en Colombia, incluyendo vínculos cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido por sus relaciones con grupos paramilitares.

Las conexiones establecidas indican que la estrategia de desestabilización violenta ha sido orquestada desde el extranjero, donde personajes como Machado -y otros- siguen representando una amenaza directa a la soberanía nacional y consolidan a Venezuela como objetivo de las redes transnacionales del narcotráfico.

En la perspectiva de Caruso, «la historia de la DEA en América Latina revela un patrón sistemático de intervención. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la agencia facilita y perpetua el tráfico de drogas a gran escala. Su alianza con figuras como María Corina Machado no es un hecho fortuito, sino parte de una estrategia deliberada de desestabilización».

Por lo tanto, es bien sabido y documentado que la Revolución Bolivariana ha enfrentado durante 25 años la confrontación directa del gobierno estadounidense, donde Colombia juega un papel central como aliado estratégico de Washington. En este contexto, la «guerra contra el narcotráfico» en América Latina se sigue implementando como una herramienta de control geopolítico, con instrumentos como la DEA y la CIA operando bajo lo que denominan un «nuevo plan Cóndor» contra gobiernos soberanos de la región.

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